La Viceconsejería de Vivienda del Gobierno Vasco ha anunciado su intención de reducir a la mitad los plazos administrativos para la concesión de licencias de construcción. Una medida que, sobre el papel, podría agilizar la llegada de nueva oferta residencial al mercado, pero que no genera consenso entre los agentes del sector.
El anuncio se enmarca en una batería de medidas urgentes que el ejecutivo autonómico pretende articular a través de una nueva ley específica. Entre las iniciativas previstas también figura la flexibilización del porcentaje mínimo de vivienda protegida en nuevas promociones, que pasaría del 75% al 60%, con el objetivo de atraer a más promotores privados hacia el segmento libre.
La reducción burocrática en licencias es una demanda histórica del sector promotor, que calcula que los retrasos administrativos pueden llegar a encarecer el coste final de una vivienda entre un 8% y un 12%.
Críticas desde la izquierda y los colectivos sociales
No todos reciben con entusiasmo estas medidas. Colectivos de defensa del derecho a la vivienda y grupos políticos de izquierda advierten de que reducir el porcentaje de vivienda protegida puede beneficiar a los promotores a corto plazo, pero agravará el problema de acceso para los sectores más vulnerables a medio y largo plazo.
El debate de fondo es conocido: ¿es más efectivo liberar el mercado para que fluya la oferta, o intervenir directamente para garantizar que una parte sustancial de esa oferta sea asequible? La respuesta, señalan los analistas, no es binaria, y requiere de un diagnóstico fino del tipo de demanda insatisfecha que existe en cada municipio.
Mientras tanto, la Ley de Medidas Urgentes avanza en su tramitación parlamentaria, con el objetivo declarado de devolver el equilibrio a un mercado que, según las propias estadísticas del Observatorio Vasco de la Vivienda, lleva años mostrando señales de sobrecalentamiento.