El concepto de «zona tensionada» ha pasado de ser una categoría técnica a convertirse en un término del lenguaje cotidiano en muchos municipios vascos. Bajo esta denominación se agrupan aquellos ámbitos territoriales donde el precio del alquiler supera de forma reiterada el 30% de los ingresos medios de los hogares, o donde los precios han crecido de forma acumulada por encima de determinados umbrales.
En España, más de 8 millones de personas residen en áreas declaradas tensionadas. El País Vasco no es ajeno a este fenómeno: varios de sus municipios más poblados y con mayor actividad económica han sido incluidos en esta categoría, lo que abre la puerta a mecanismos de control sobre los precios del arrendamiento.
La declaración de zona tensionada no es un certificado de fracaso del mercado, sino una herramienta de intervención que permite a las administraciones aplicar topes de precio y limitar subidas en los contratos de renovación.
Qué implica en la práctica
Una vez declarada zona tensionada, los propietarios que pretendan renovar contratos o arrendar pisos en esas áreas quedan sujetos a limitaciones en el precio que pueden pedir. Los nuevos contratos no pueden superar el importe del anterior más el índice de referencia aprobado por el Gobierno Vasco.
La medida es polémica. Los propietarios denuncian que desincentiva la puesta en el mercado de viviendas en alquiler, lo que a largo plazo podría reducir la oferta disponible. Los inquilinos y colectivos de defensa del acceso a la vivienda, por su parte, la consideran imprescindible para frenar una espiral de precios que ya ha empujado fuera de las ciudades a miles de familias trabajadoras.
El Observatorio Vasco de la Vivienda tiene ante sí el reto de proporcionar la evidencia empírica necesaria para evaluar si estas medidas están logrando su objetivo o si, por el contrario, están generando efectos no deseados en el lado de la oferta. Los próximos años serán determinantes para ese diagnóstico.